Uruguay aprueba ley de medios

El Congreso de la República Oriental del Uruguay aprobó hoy la Ley de Medios por amplia mayoría, y una gran participación del oficialista Frente Amplio. Con 50 votos a favor sobre un total de 75 se convirtió en ley la iniciativo que conto con fuerte rechazo de la oposición.
La norma que tiene como premisa principal  "establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual" con el fin del "pluralismo, diversidad e interés público". A partir de ahora el ejecutivo nacional tiene 120 días para instrumentarla y aplicarla en todo el territorio nacional.
Fueron aprobados 186 artículos que regularán la radio y televisión, así otros servicios de comunicación audiovisual, aunque no se legisló sobre internet y redes sociales. Desde la derecha argumentaron que se opusieron durante todo el debate por ejercer una mordaza a los medios que pondría en riesgos la libertad de expresión en el país.
El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.
Como condición para obtener una licencia, los candidatos "no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero", establece el artículo 106.En ese sentido el Presidente Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim, haciendo alusión a los monopolios mediáticos que existen en América Latina
Con la ley en marcha el Estado uruguayo apunta a "garantizar el acceso universal, así como el uso de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita de radio y televisión como parte de una estrategia integral para lograr el objetivo de asegurar la inclusión social de toda la población y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República".

Un punto importante de la nueva legislación es la declaración "de interés público" a los servicios de comunicación que "constituyen uno de los principales medios de información social, permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores como la identidad y la diversidad cultural y el apoyo a la educación, componiendo un sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, la igualdad, el pluralismo y los valores democráticos". Es similar a lo que se decidió en Argentina con respecto al deporte nacional.

Por último la ley destaca que "la potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas".

DATOS
Artículo 38: Estipula lo referente al derecho a programas de interés respecto a la receptividad  de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto, en directo, en simultáneo y de manera gratuita en general para la sociedad entre los que están los que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de baloncesto en instancias definitorias de torneos internacionales deben que ser transmitidas en directo y simultáneo.
Cuando no exista un proveedor o canal interesado en la emisión, el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido.
Artículo 59: Determina que los servicios de radiodifusión o televisión privados que retransmitan de manera frecuente programas originados por otros canales o señales, deberá solicitar la autorización del Consejo de Comunicación Audiovisual.
Se establece además un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida en la televisión deberán corresponder a programas culturales, (teatro, danza, artes visuales, etc).
Además, se refiere a la titularidad de los medios y busca evitar los monopolios y oligopolios.

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